Argentina: 1er juicio oral y condena a un delincuente informático

Argentina: 1er juicio oral y condena a un delincuente informático

El tribunal lo condeno el delito de extorsión en grado de tentativa en concurso real con amenazas coactivas.

En diciembre de 2015, Emmanuel Ioselli, conocido como “Camus Hacker”, fue condenado a tres años de prisión en suspenso por haber subido a Twitter fotos de personalidades del espectáculo y “famosas” desnudas. Verónica Lozano, Noelia Marzol, Coki Ramírez, Fátima Florez, Iliana Calabró, Sergio “Maravilla” Martínez y Annalisa Santi fueron algunas de las personas cuya privacidad e integridad sexual se vio violada por este chico de 22 años, oriundo de Campana.

Debido a que la difusión de imágenes de contenido erótico todavía no está tipificada como un delito -como propone el proyecto de la llamada Ley de Pornovenganza-, Ioselli fue condenado por “extorsión en concurso real con amenazas coactivas”. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 6, al imponer la pena en suspenso, le exigió a Camus Hacker, entre varias normas de conducta, terminar el secundario para no ir preso. Ioselli aceptó la culpabilidad, la materialidad de los ilícitos y la calificación legal.

Daniel Monastersky fue el abogado que llevó adelante la denuncia y que impulsó la acusación. “Tuvimos que buscar algo más porque la difusión de imágenes a través de la web no era considerada delito. Investigamos y logramos identificar que la persona que se hacía llamar Camus utilizaba un usuario que pedía dinero y extorsionaba a las personas de las cuales tenía fotos. De esa manera pudimos radicar la denuncia”.

Ioselli tampoco podía ser denunciado por “acceso indebido a un sistema informático” -delito especificado en la Ley de Delitos Informáticos, que es de 2008-, porque no había accedido a las fotos mediante hackeos (o al menos eso no pudo ser probado en el expediente) sino que las sacó de foros y, eventualmente, de sitios de pornografía o “triple x”.

De todas formas, la pena por ese delito no hubiera sido alta. El artículo 153 bis de la Ley de Delitos Informáticos establece penas de 15 días a seis meses de prisión para quien “a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido”.

Si la Ley de Pornovenganza ya hubiese sido sancionada -como ocurrió con leyes similares en España, Filipinas, Australia, Israel, Japón y el Estado de California, en los Estados Unidos- el caso de Camus Hacker podría haber tenido un final distinto.

Fuente: La Nacion

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